El affaire Trillium

El Affaire Trillium

Los años setenta fueron tiempos de negocios raros relacionados con el bosque nativo. Casi a fines de la década la prensa dio a conocer un plan concertado entre CORFO y las empresas Marubeni Corporation y Sanyo Kokusaku Pulp Co. Ltda. y aprobado por Conaf, para cortar en 15 años 94.345 hectáreas de bosque nativo en la Isla Grande de Chiloé con el fin de obtener 1,25 millones de toneladas de astillas y un millón de toneladas de madera aserrada.

Pero este no fue el único intento de obtener buenos ingresos diezmando el bosque. Hubo misiones japonesas estudiando la compra de madera aserrada y trozas en otros proyectos “fundamentales”, tales como Panguipulli y Sarao. A los japoneses, les interesaba básicamente la araucaria y el alerce. Se les hizo ver que araucaria había muy poca “y hay prohibición de explotarla, y en cuanto al alerce, que solamente es explotado por la firma BIMA, las posibilidades están condicionadas a lo que decida el Gobierno sobre si se explota o no” (El Mercurio 3 de marzo 1977)

La alarma ocasionada en la opinión pública motivó el desistimiento de Conaf y luego que su director expresara “Aprendida esta lección…, y manifestara un semi arrepentimiento se dictara el Decreto 259 de 1980 sobre “Normas para Manejo del Bosque Nativo”

Pero la lección aprendida por CONAF no duró mucho tiempo, pues, a partir de 1986 se comenzó a insistir en “la sana política forestal permisiva” que, entonces y ahora, alegan en su favor quienes pretende lucrar con el bosque nativo: “el raleo es un aporte positivo para el manejo racional del bosque degradado”

Esta posición extrema fue dada a conocer por el fiscal de CONAF, Enrique Gallardo, con su aporte “Nuevos Métodos de Corta” Revista del Campo, 13 de marzo de 1989:
“Y si hasta hace algunos años era una aberración desde el punto de vista técnico la corta a tala rasa de bosque nativo, hoy los expertos forestales y las universidades dicen que la tala rasa en algunos tipos de bosque nativo es la más conveniente” ...” Hoy se habla de bosque nativo por que hay interés comercial en él. Antes no ocurría tal cosa por que nadie se interesaba en explotarlo, o porque no había mercado, mientras que ahora lo hay y se obtienen utilidades por él”

Tal interés, al parecer, existió. A mediados de los años 80 el Gobierno inició la venta de grandes extensiones de bosques de Tierra del Fuego a inversionistas locales, por sumas tan bajas como un dólar la hectárea (El Mercurio 12.06.1991, A12)

No sólo los inversionistas locales aprovecharon tal franquicia. En 1989, Cetec-Cel una empresa canadiense ubicada en Vancouver, relacionada con productos químicos para plantas de celulosa, inició operaciones comerciales en la Isla de Gran Caimán y también en Chile, con el nombre de CETEC- CEL Chile Ltda. No se conocen muchos datos sobre ella. Si bien, como se indica más adelante, es posible que esa empresa perteneciera ya a David Syre, dueño de Trillium Corporation y, según datos por confirmar, en ella habrían participado algunos inversionistas chilenos. Al parecer el propósito principal de esa empresa, acorde a un extenso y documentado reportaje publicado en el Seattle Times, el 26 de enero de 1997, era “cosechar el bosque magallánico como astillas para convertirlo en pulpa que se embarcaría a Japón.

Una señal de alarma la dan en diciembre de 1994 los diputados Guido Girardi, Andrés Chadwick y Alejandro Navarro, pidiendo la intervención de la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la Republica para verificar las enajenaciones irregulares realizadas por el fisco de terrenos con bosque de lenga en Tierra del Fuego. Según indica El Mercurio (22.05.1996, C 10), desde 1989 hasta 1992 CETEC - CEL adquirió en Tierra del Fuego poco más de 250.000 hectáreas, de las cuales unas 108.000 corresponden a bosque comercialmente explotables, unas 150.000 hectáreas pertenecían a tierras del fisco, las que fueron vendidas a un precio considerado muy por debajo del real.

En efecto, según información de la Contraloría General de La República, de fecha 28 de junio de 1996, dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados, en respuesta al oficio Nº 7592 de esa Cámara, solicitado por el diputado Guido Girardi, manifiesta haber realizado una investigación en el Ministerio de Bienes Nacionales en el año 1995 con el objeto de establecer la situación producida con la venta a CETEC – CEL Chile Ltda, el 22 de Agosto de 1991, del predio fiscal signado como lote Nº 6 de la comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego (de 71.300 hectáreas) en el valor de $ 125.229.300, cantidad inferior en $ 313.576.200 al valor que le asignara la Comisión Especial de Enajenaciones.

El precio de compra resultante fue de USD 5.- por hectárea, valor similar al de otras 77.000 has.- compradas anteriormente al fisco, aparte de las 108.000 hectáreas compradas a mayor precio (65 dólares) a particulares.

Ese reducido monto pagado por hectárea ya había sido objetado por el Seremi local de Bienes Nacionales, quién en oficio Nº 11 dirigido al Ministro del Ramo, se opuso a tales ventas indicando que el precio debería ser a lo menos de USD 100.- por hectárea. El Seremi mencionado, señor Rene Bobadilla, fue retirado de su cargo.

En Chile, aparte de la intervención parlamentaria de los diputados “verdes” advertidos por Bobadilla, aún no se producían comentarios opositores a estas ventas irracionales a particulares y a CETEC- CEL. Si los hubo, de parte de The New York Times, dando a conocer que uno de cuyos propósitos sería la venta de chips a dos empresas japonesas, a un valor posible de USD 50.- por tonelada. Eexcelente negocio, si se considera que cada hectárea de bosque de lenga puede proporcionar hasta 150 toneladas de astillas. CETEC - CEL no respondió a estas críticas y optó por desaparecer como empresa mediante ventas y triangulaciones.

Según lo asevera el periodista magallánico Dauno Totoro, “El 15 de diciembre de 1993, en la duodécima notaría de Santiago apareció la escritura de cambio de nombre, de Cetec - Cel a Forestal Trillium” (no he podido confirmarlo). Lo cual indicaría que ambas estaban relacionadas o eran una misma empresa.

El dueño o socio principal de Trillium Corporation es David Syre, quién asegura haber comprado y pagado USD 30 millones por el total de las tierras de Cetec - Cel cuya superficie alcanzaba a 640.000 acres (258.944 Has). Cifra que representa 116 USD por hectárea. Syre, un maderero de Bellinghan, Seattle, había intentado sin éxito, la compra de bosques en Canadá, Nueva Zelanda y Rusia, pues en el noroeste norteamericano un acre (0,4047 de una hectárea) de bosque nativo puede costar USD 20.000 a 30.000.- Bastante más que los USD 5.- por hectárea, pagados por Cetec- Cel al Gobierno de Chile.

Válido es agregar que Syre es poseedor de la peor reputación en el estado de Washington como depredador del paisaje, lograda por la corta a tala rasa de muchos bosques en esa zona, en especial la realizada en 1990 en la isla Whidbey al norte de Seattle. Esta situación, al parecer lo instó a intentar la compra y explotación de bosque nativo en países donde la legislación al respecto no fuera muy estricta y la posibilidad de convencimiento a la autoridades pudiera lograrse mediante un fuerte lobby, presentación de planes calificados como sustentables y ofertas de ayuda a las regiones involucradas.

En relación al dinero faltante en la venta del lote Nº 6 de la comuna de Timaukel, informado por la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado, se formalizó en un convenio suscrito el 3 de agosto de 1995 entre Bayside – propietaria a esa fecha de Trillium- y el Ministerio de Bienes Nacionales, de compensar al Fisco con la suma de 856 mil dólares, es decir 12 dólares adicionales por hectárea, con un plazo para efectuar ese pago hasta 1999.

El proyecto definitivo pasó a llamarse Río Cóndor y en él Syre aparecía ofreciendo algo diferente. Ya no se pretendía transformar la selva en astillas. La lenga era ahora considerada una madera noble. Inmejorable para muebles, digna de llamarse “el cerezo negro de Tierra del Fuego” Para explotarlo se necesitará contar con aserraderos, puerto y caminos. Además de mano de obra especializada y autorización de las autoridades ambientales chilenas. Todo eso no costaba menos de unos USD 200 millones. Para llevarlo a cabo se requería hábil manejo y socios con dinero disponible.

Para el manejo de ese proyecto, se designó como presidente del directorio a Robert Manne quién aportó además su contacto y el interés por participar del Beacon Group, poderoso consorcio manejador de capitales internacionales, el cual se aprestó a contribuir con el 40% del capital requerido por Bayside, la empresa creada para explotar la lenga de Tierra del Fuego con el nombre de Forestal Trillium. Del 60% restante se encargaría la propia Trillium Corporation de propiedad de David Syre.

Ahora se disponía de medios para desarrollar un basto plan atractivo para grandes capitalistas. Un primer paso fue organizar en Chile una Comisión Científica para la justificación técnica del proyecto Río Cóndor, integrada por 40 académicos e investigadores universitarios de gran currículo, tales como Mary Kalin, Claudio Donoso, Edmundo Pisano, Italo Serey y varios otros.

A esto, le siguió una fuerte campaña a nivel regional y nacional para convencer a las autoridades, a la opinión pública y a los grupos ecologistas opositores. Para ese fin se contrató los servicios de “Crisis”, empresa que tuvo a su cargo la imagen de Chile en Expo Sevilla en 1992 y más tarde fue contratada por Frey Ruiz-Tagle para asesorarse en el aspecto publicitario de su campaña presidencial.

Además de la publicidad y de los argumentos expuestos en diversos medios por los científicos colaboradores al efecto, se iniciaron contactos con parlamentarios y funcionarios de Gobierno y de la XII Región.

En el Congreso Nacional el proyecto recibió la aprobación de un senador designado y de varios diputados de la concertación. En la Región de Magallanes, obtuvieron el apoyo del Intendente, de la Gobernadora de Porvenir y de la mayoría de los miembros de la Corema.

Syre rechazó la posibilidad de iniciar la explotación del bosque adquirido mediante “planes de manejo” fácilmente autorizables por Conaf, en conformidad al Decreto 701. Su objetivo fue obtener el “sello verde”, es decir, mediante el cumplimiento de todas las exigencias de la legislación medio ambiental chilena obtener la aprobación internacional de un ambicioso plan para lograr una selvicultura apropiada de la lenga de Tierra del Fuego. El proyecto de desarrollo sustentable más grande llevado a cabo en América Latina y, tal vez, en el mundo. Para ello contrató a gurús norteamericanos, aparte de los especialistas en bosque ya reclutados en Chile.

El proyecto Río Cóndor fue sometido voluntariamente a un estudio de impacto ambiental el que fue efectuado por la firma Dames & Momroe y realizado en el plazo de dos meses (diciembre 1994 a febrero 1995), en el cual participaron más de 100 profesionales con un costo de USD 5 millones. El estudio consta de consta de 6 volúmenes y 1.200 páginas.

Cuenta una publicación norteamericana que la botánica chilena Adriana Hoffman, después de informarse in situ del desastre ecológico provocado por 100 recientes cortas a tala rasa de bosques del estado de Washington efectuadas por Trillium Corporation, preguntó a los ambientalistas de esa empresa la razón por la cual no aplicaban lo propuesto para Chile en sus propios bosques.

Con fecha 16 de noviembre de 1995 la empresa Forestal Trillium Ltda. presentó a la Comisión Regional del Medio Ambiente de Magallanes y Antártica Chilena el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Río Cóndor y se fijó un plazo de 120 días, es decir hasta el 9 de mayo, para realizar su evaluación y decidir la aprobación o el rechazo del proyecto.

De acuerdo a lo explicado por Vivianne Blanlot, Directora de la Corporación Nacional del Medio Ambiente: habría un manejo controlado de 128 mil hectáreas y 25 mil setecientas quedarían como bosque de protección, en tanto que 10 mil se dejaran como reserva ecológica. Se autorizaría la cosecha de lenga en una extensión de 77 mil hectáreas, condicionado al manejo de 2 mil hectáreas al año, la mitad de las cuales se explotaría en la modalidad “corta de protección” que consiste en dejar algunos árboles para que actúen como productores de semilla.

En relación al EIA presentado por Trillium, inicialmente el Comité Técnico de la Corema XII Región resolvió que no existían... “elementos suficientes para aprobar la viabilidad ambiental del proyecto Río Cóndor”, detallando unos 20 puntos de insuficiencias en ese proyecto. No obstante, el intenso y eficiente lobby a favor dio resultado al más alto nivel. En sesión pública del 3 de abril la COREMA de la Región de Magallanes resuelve aprobar, con condiciones, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Río Cóndor, lo cual se legaliza por la Resolución número 2 del 22 de abril de 1996.

Según un informe de Que Pasa, por nombre: Accidente en la Recta Final, “Quienes conocen ese proceso, aseguraron que no sólo el “desarrollo regional” pesó en la decisión de los miembros del Corema. Otorgan un sitial importante al aspecto político, considerando que la mayoría de sus integrantes son representantes del gobierno en la región, como los intendentes, gobernadores y seremis”“y también la directora de la CONAMA, Vivianne Blanlot (PPD), la que incluso desestimó informes que ella misma solicitó a dos expertos, uno de ellos el ecólogo de la Universidad de Chile Juan Gastó Cordech. Los dos estudios, contrarios al proyecto Trillium, no fueron incluidos en la discusión del Corema”

Se opusieron y presentaron recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de esa Región el Movimiento pro defensa del medio Ambiente y el FIDE XII de la Iglesia Católica. En este recurso plantearon que la Corema desoyó el informe de su propio comité técnico y no consideró las objeciones hechas por el “Office National des Forêts”, en el estudio elaborado sobre “Auditoria Ambiental de los Bosques de Lenga de la Patagonia” solicitado por CORFO y la Corporación Chilena de Madera, CORMA. Pues, esa comisión francesa, luego de visitar Magallanes emitió un informe bastante crítico, del cual se destacan los siguientes juicios:

- En Chile no existe una política forestal nacional, ni políticas regionales que la complementen, basadas en principios modernos de ordenación territorial que permitan una planificación regional de las acciones a poner en práctica para lograr objetivos de largo plazo.
- Al contrario, CONAF se limita a aprobar planes de manejo prediales de corto plazo (2 a 3 años) inconexos, que sólo constituyen simples permisos de corta, lo cual no permite acercarse a una producción sostenible. Esta falta de visión de conjunto producirá graves distorsiones y desmejoramiento del recurso.
- El informe señala que debe evitarse cosechar y regenerar grande extensiones en períodos cortos, como lo pretende Trillium.
- Trillium sobre dimensiona la capacidad de la planta industrial sin conocer con precisión el tamaño del área de lenga comercial disponible y menos aún sus potencialidades productivas reales.

El informe también advierte que la explotación corresponderá a una cosecha de todo el volumen maderable en 25 a 30 años, al cabo de los cuales no existirá materia prima para la industria… Eso demuestra que el recurso lenga, en la práctica, no es asumido como un recurso natural renovable, sino que se asemeja más bien a una explotación minera.

Conociendo estos juicios, también los diputados de la “bancada verde” juntos con la doctora Lidia Amarales presentaron ante esa Corte de Apelaciones un recurso de protección y una orden de no innovar en contra de dicha resolución. La presentación fue rechazada el 8 de julio de 1996, en forma unánime por ese tribunal.

En el ínter tanto, la compra de terrenos continuaba, la cifra publicitada a mayo de 1996 alcanzaba a 272.729 hectáreas. Pero, aparte de esa importante cifra, Trillium ha adquirido, además una superficie no determinada de bosque, no de la propiedad, sólo el derecho a corta (compra de vuelo) a largo plazo, sin responsabilidad alguna de lo que suceda en el futuro. Ese fue uno de los varios puntos objetados por la comisión técnica de Corema: sabido que una corta, de cualquier tipo que sea, no permitirá el crecimiento de renovales si en ese terreno existe pastoreo. Por tanto, esa será una corta con criterio minero.

No obstante, el 20 de agosto de 1996 la CONAMA, en Resolución Exenta N° 005, aprobó a su vez el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Los antecedentes que ahí figuran son los mismos ya dados a conocer por su directora señora Blanlot, añadiendo que Forestal Trillium tendría un plazo de 5 años para completar todos los antecedentes y características del bosque que permitieran una explotación sustentable. En el ínter tanto se le autoriza explotar, de todas maneras, 10.036 hectáreas.

El FIDE, junto con las entidades para el desarrollo de Magallanes, grupos ambientalistas y la bancada verde (Guido Girardi, Alejandro Navarro, Arturo Longton y Antonio Horvath) continuaron la lucha legal, primero en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde no tienen éxito y luego, ante la Corte Suprema, la cual, el 19 de marzo de 1997 declara ilegal y arbitraria la aprobación acordada a la viabilidad ambiental de Río Cóndor dada el año anterior por las comisiones del Medio Ambiente Nacional y de la XII Región. La razón de este rechazo no es ambiental, ni por las irregularidades que pudieran haberse cometido en la venta de terrenos fiscales, sino por el hecho de no encontrarse vigente, en las fechas en que fueron dictadas, el reglamento de la ley 19.300 (Sistemas de Estudios de Impacto Ambiental)

En el ínter tanto, Forestal Trillium no paralizó ni contempló detener la corta de bosques de propiedad de terceros (compra de vuelo), cuyos planes de manejo habían sido presentados a Conaf a comienzos de 1997, por los propietarios de los predios. A juicio del director nacional de esa institución, José Antonio Prado, la orden de no innovar dada por la Corte Suprema se refería sólo al estudio del impacto ambiental. Por tanto, no afectaba al Decreto Ley 701 que regula los planes de manejo.

Pero Trillium no alcanzó a tener problemas por tal rechazo de la Corte Suprema, el Gobierno se dio prisa y 15 días después de conocido el fallo de la Suprema, el 3 de abril de 1997, el famoso reglamento apareció publicado en el Diario Oficial.

El Ministro Villarzú, de quién dependía la CONAMA, en esa fecha, aclaró la posición del Gobierno manifestando que, sin perjuicio de lo que opinaran los abogados de esa institución y de Trillium, a su juicio, habiéndose publicado el reglamento de la ley 19.300, la presunta ilegalidad establecida por la Corte Suprema desaparecía. Asimismo, para la Directora de la CONAMA el proyecto podía ejecutarse sin necesidad de contar con la aprobación de un nuevo estudio. Si bien, afirmó que son los abogados de Conama y de Trillium los que se abocarán a definir el futuro.

No obstante, el máximo tribunal del país argumentó que al no estar vigente en ese entonces el reglamento del Sistema de Estudios del Impacto Ambiental - normativa publicada recién en el Diario Oficial el 3 de abril último – ambos órganos (CONAMA y Corema XII Región) no debieron autorizar, cuando lo hicieron, la sustentabilidad del proyecto forestal. (El Mercurio 16.04.1997, C7)

El Director de CONAF estimó ilógico que desde el punto de vista legal Trillium esté obligada a recomenzar, ya que la empresa muestra un gran avance con el estudio voluntariamente presentado a fines de diciembre de 1995. Para este director nacional de la CONAF, la orden de no innovar se refería sólo al estudio de impacto ambiental y a la cosecha de árboles. Por lo tanto, no afectaba al Decreto Ley 701 que regula los planes de manejo.

El 15 de Abril de 1997 arribaron al país Steve Brinn, presidente de Trillium Corporation y Robert Manne, presidente de Bayside, con el objetivo de iniciar una ronda de conversaciones y definir el proyecto Río Cóndor, en el cual se habían invertido ya USD 60 millones. Los ejecutivos se proponían entrevistarse con el presidente Eduardo Frei, con un grupo de parlamentarios y con representantes de entidades empresariales gremiales. En esta ocasión los representantes de Trillium Corporation anunciaron que en el plazo de un mes el directorio en Nueva York junto a los principales inversionistas tomaría una resolución final sobre el futuro del controvertido proyecto, “ampliamente cuestionado por sectores ambientalistas”.

La resolución, considerando tal vez una posible pérdida del dinero invertido, se comunicó a fines de agosto de 1997 anunciando la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental ante las autoridades de la región de Magallanes.

El 28 de enero de 1998, con 16 votos a favor, dos en contra y dos por una posición más moderada, la Corema de Magallanes aprobó, con observaciones, la viabilidad del segundo Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Río Cóndor. La Reunión fue presidida por el intendente Ricardo Salles en su calidad de presidente de la Corema. El consejero regional Hugo Vera planteó su rechazo al EIA en tanto este no satisfaga ciertas carencias, tales como, la ausencia de medidas más concretas para la regeneración de un bosque que ha sido sobre poblado por los guanacos. También criticó la falta de un inventario forestal más realista, para garantizar los planes de manejo.

La gobernadora de Tierra del Fuego Silvia Vera propuso aprobar el proyecto condicionado al cumplimiento de las exigencias mencionadas, tales como inventario forestal, manejo sustentable del guanaco y aprovechamiento integral de la madera no aserrable.

El 15 de febrero de 1998, uno de los científicos nacionales seleccionados por Syre, el profesor de la Universidad Austral, Claudio Donoso, dio a conocer en un artículo de prensa su manifiesta indignación pues “… pensaba que tras tanto derroche científico creía llegado el momento para crear un modelo de manejo silvicultural para los bosques de Chile. Que los bosques de lenga cubren una superficie de tres millones 400 mil hectáreas sólo en nuestro país. Proyecto para el cual ha habido un estudio de base sin precedente realizado por un amplio grupo de científicos…Toda esta situación constata claramente dos hechos lamentables para el bosque nativo: no hay voluntad política y existe una enorme confusión”

Para el ingeniero forestal Francisco Ulloa, quien realizó un importante aporte al texto de la posible nueva ley: “Proyecto de Recuperación del Bosque Nativo y de Fomento Forestal” que alcanzó a ser aprobado por la Cámara de Diputados, el 22 de enero de 1994 y retirado luego por el Ejecutivo que iniciaba su mandato , el equivocado es el profesor Donoso:

- “Un proyecto de la envergadura de Trillium necesita de una eficiente y estricta fiscalización, ya que eventuales incumplimientos del Plan de Manejo pueden tener consecuencias irreparables para el recurso, por la magnitud de las superficies y volúmenes de madera involucradas en las cortas”

- “Infortunadamente el Estado, vale decir CONAF, no cuenta con los medios humanos, materiales, presupuestarios e incluso legales para ejercer una buena fiscalización”. “Es así como CONAF todavía no abre una Oficina en Tierra del Fuego, en circunstancias que hace décadas que operan aserraderos en el área”.”Por otro lado, CONAF sigue siendo una Corporación de derecho privado, con todas las limitaciones de orden legal y práctico (decomisos por ejemplo) al momento de cursar una infracción”. “Ante esta situación, reconocida por la empresa y los partidarios de la explotación, se responde que el control lo ejercería una auditoria externa de técnicos privados... ¿Quién solventaría los costos de esa Auditoria externa?, ¿Acaso sería la misma empresa Trillium?

Algunos días más tarde, el 7 de marzo La Dra Mary T. Kalin, en Carta al Director de El Mercurio decía: “Al conocer algunas de las declaraciones de los ecologistas en torno al proyecto Río Cóndor, recientemente aprobado por la autoridad ambiental del país, debo confesar que siento inquietud. Fue muy saludable para el país que en un principio los ecologistas cuestionaran las intenciones de Trillium, pero es ilógico que sigan fustigando el proyecto forestal que es lejos el más ecológico y conservacionista del país.”

A comienzos del mes de mayo se llevó a cabo una sesión especial de la Comisión de Recursos Naturales y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para analizar en profundidad el proyecto forestal Río Cóndor, acogiendo la solicitud de la Fundación Terram que cuestionó la viabilidad de ese proyecto. Uno de los puntos mencionados fue sobre los “Subsidios” que recibiría Trillium, pues en caso de aprobarse el proyecto esa empresa recibiría USD 300 millones en franquicias, aparte de otras exenciones, dado que podrá acogerse a la “Ley Navarino” que es válida para la Provincia de Timaukel. Igual información la proporciona el Instituto de Ecología Política y la Red Nacional de Acción Ecológica, agregando que ninguna de las cinco empresas certificadoras internacionales ha aprobado el proyecto Río Cóndor, por cuanto no ha demostrado ser sustentable. Su propósito es llevar el Estudio al respecto, realizado por el consultor Daslav Ursic, ante la Cámara de Diputados y el Consejo de Defensa del Estado, con el fin de detener un plan de explotación con subvenciones “que no se compadece con la millonaria pérdida monetaria y patrimonial que significa para el país” ( 07.05.1998).

El 29 de mayo de 1998 se produjo la aprobación, condicionada, del proyecto Río Cóndor por parte del Consejo de Ministros de CONAMA. A fines de junio la prensa daba a conocer que esta institución había incluido más de 100 condiciones a la explotación de 103.000 hectáreas de lenga de Tierra del Fuego y que fiscalizaría su cumplimiento.

Greenpeace, los Defensores del Bosque Chileno y la bancada verde interpusieron tres nuevos recursos contra CONAMA impugnando la aprobación del proyecto. La Corte Suprema indicó que el recurso de protección contra Trillium debía ser revisado en la Corte de Punta Arenas. Esta Corte rechazó el recurso de protección e igual cosa efectuó el 23 de septiembre la Corte Suprema, fallando a favor de Trillium por cinco votos a cero el rechazo al recurso de la bancada verde.

Por su parte el gerente de Trillium, Edmundo Fahrenkrog anunciaba que tras el fallo de la Corte Suprema, Río Cóndor comenzaría sus faenas en 1999.Pero antes debería cumplir sus compromisos. La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, abogada Clara Szczaranski, decide interponer una demanda contra Forestal Trillium por no pago al fisco de USD 850.000.- comprometidos por el “error” en la venta, del lote Nº 6 de la comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego. En el acuerdo posterior suscrito, se estipuló dar plazo para su pago hasta 1999. Trillium pide nueva prorroga y convertida ahora en Forestal Savia, inicia en noviembre de 1999 la “tala” en Vicuña, zona de Río Cóndor. El permiso actual de corta es de no más de 200 hectáreas de cosecha, en el sector sur de la isla.

El año 2000 se inicia con buenas noticias, pues, la experta botánica defensora del bosque nativo, Adriana Hoffmann fue nombrada directora de CONAMA. Era de esperar que con este nombramiento se pusiera término a la impunidad para agresores extranjeros (o nacionales) a nuestro entorno forestal. Además, algunos científicos del bosque recapacitan. En febrero de ese año, la doctora Mary Kalin, nos informa que “ciertos bosques de Chile (en especial, aquellos de la IX y X Región) han sido declarados por la comunidad científica internacional como únicos en América Latina. Por su compleja naturaleza biológica, una explotación de dimensiones industriales de dichos bosques es incompatible con la intención de la biodiversidad”, en cuanto a Trillium: “Habría sido mejor que el Estado de Chile mantuviese este hermoso terreno para establecer un gran parque nacional en la parte accesible de Tierra del Fuego”. Ahora es posible que su deseo se cumpla.

El año 2.000. Trillium, ahora: Forestal Savía, comienza a buscar nuevos horizontes. Primero traslada sus oficinas a Río Grande en Argentina. El gerente Edmundo Fahrenkrog reconoce que “Río Cóndor agonizaba” y los inversionistas comprometidos resolvieron introducir nuevas orientaciones. Ellas podrían ser: ecoturismo y venta de bonos de carbono. Por el momento comenzaría una actividad de “salvataje de madera” por cuanto existe una cantidad importantísima de madera de buena calidad en pie pero muerta. La tala se efectuaría mediante aserraderos portátiles. “La forestal se ha propuesto explotar para los tres primeros años 1.492 hectáreas de bosques de lenga, que pertenecen a las 103.000 hectáreas comercialmente explotables. Posteriormente se incrementará la producción a 2.200 hectáreas y luego la tala alcanzará a 2.300 hectáreas con lo cual se copará el cupo sustentable”.

Alarmado por la facilidad con que se puede destrozar nuestro país, recuerdo lo dicho al respecto por el notable ingeniero de Conaf que fue Francisco Ulloa:

- “El proyecto Trillium, el mayor megaproyecto sobre explotación de bosque nativo en Chile, no cuenta con la aprobación ni simpatía de la opinión pública nacional ni regional. La gente percibe que se trata de un proyecto interesado e irracional que privará a los magallánicos y a todo el país, de uno de los bosques mas precioso que milagrosamente se ha conservado hasta la fecha. El beneficio de la corta será transitorio... pero se habrá perdido un recurso natural invaluable para las generaciones futuras, como ha ocurrido y sigue ocurriendo con nuestros recursos naturales renovables, por la ignorancia, excesivo afán de lucro y la indiferencia de las autoridades...”

- “Si uno lee las recientes declaraciones...se dará cuenta de la importancia preponderante que se asigna al ecoturismo y turismo aventura, al poder sacarle partido a sitios tan emblemáticos y míticos a nivel mundial como el Cabo de Hornos, Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes, Canales Australes, Torres del Paine, lagos y ríos de Aysén, etc,...Los bosques de Tierra del Fuego perfectamente podrían incluirse en este proyecto, previa declaración de Parque Nacional, Reserva Forestal, ya que su potencial recreativo y científico es incomparable, por cuanto es literalmente un bosque fósil, equivalente a lo que fueron los bosque europeos de hace diez mil años”.

El año 2002 Forestal Savia ex Trillium, a pesar de la ayuda de COREMA, CONAMA, CONAF y CRÉDULOS, pero incapaz de atraer los capitales internacionales pretendidos, se vio obligada a entregar, en pago de la deuda contraída con Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes del mundo, las 275.000 hectáreas que había adquirido en Tierra del Fuego. Dos años más tarde dicho banco donó la tierra, ahora convertida en la reserva Karukinka, a Wildlife Coservation Sociaty.

Ahora comienza la historia de Karukinka, como fue rebautizada la nueva área de conservación; con esa palabra designaban a su tierra los selk'nam, antiguos habitantes de este territorio

Enrique Castro Lobos
Septiembre 2007